Salud psicosocial, individuo, familia y comunidad

La Ley de salud mental requiere de un análisis profundo y minucioso para saber a ciencia cierta si lo que se pretende cuando se legisla es congruente con aquello que los pacientes y familiares necesitan.

*Christian Javier Molina Radio

MN 119803 MP 2530

Con total y notoria incongruencia se apela a derechos al mismo tiempo que se los vulnera.                  

Se sostienen e interpretan argumentos de manera caprichosa, que colisionan con la realidad y generan dificultades a pacientes, familias y profesionales.

Se sostienen estructuras y cargos que requieren del aporte presupuestario a través de la ley vigente y se desfinancia el sistema público de atención en detrimento de la salud mental pública.

Nadie propone regresar a situaciones de siglos pasados, hay que ir hacia adelante con instancias superadoras que nos permitan salir de la realidad actual eso es incuestionable por el respeto real de los derechos, la dignidad y el bienestar de todos aquellos involucrados en el tema.

Psiquiatría, hospitales/instituciones específicos y especializados de ninguna manera son sinónimos de encierro, tortura, violación de derechos, crímenes de guerra o nazismo, sino de humanidad.

El sesgo, la ideología y la parcialidad desconocen y niegan experiencias nacionales transformadoras de la historia de la salud mental cuyos protagonistas “MAESTROS ARGENTINOS” fueron reconocidos mundialmente. Paradoja: desarrollaron su actividad de la manera más humana concreta y factible en las mismas instituciones que se denosta y menoscaba.

Es importante y necesario permitirnos pensar, enriquecernos y fundamentalmente, mejorar la situación de los que requieren de nuestra asistencia: el ser humano que sufre una enfermedad mental.

Debemos ponernos de acuerdo aun pensando distinto, es entre todos los actores de la salud y la sociedad.

Deben considerarse los criterios científicos existentes establecidos internacionalmente para internar tanto como para externar un paciente que por la condición psicopatológica, clínica y legal lo requiera.

Es solo una instancia del proceso de atención de la salud mental, se deben cumplir las condiciones de infraestructura tanto como las humanas, áreas específicas y especializados muy diferentes a una sala común de internación, con verdadera interdisciplina, trabajo en equipo, espacio físico, actividades, talleres, zonas individuales y grupales, arteterapia, actividad física etc. auditados correctamente por el estado, enriquecidos por la universidad, verdaderamente dignos. 

Es indispensable contar con personal realmente capacitado y reconocido económicamente. Enfermeros, trabajadores sociales, psicólogos, médicos especialistas, figuras de apoyo etc. con el debido abordaje de la familia. Individuo-familia-comunidad donde cada uno desde su incumbencia y expertiz sume, trascienda y se potencie.

Si bien es real la falta de presupuesto luego de 13 años de su sanción y algunos menos de su reglamentación, las dificultades e imposibilidad de implementación son obvias y están a la vista “en carne propia”.

Los pacientes, las familias, los profesionales y los diversos actores requerimos soluciones sin demora, simplemente en beneficio de la salud mental pública.

El dinero (presupuesto) al que se hace alusión en lugar de ir al sistema público de atención en beneficio de los pacientes, las familias y todo el personal protagonista involucrado, sostiene estructuras y cargos que dependen directamente de la vigencia de la ley.

Hay que abandonar la falsa comodidad y la distancia con la realidad que dan ciertos ámbitos institucionales, académicos y personales, dejar de lado intereses y necesidades propios para pensar en la gente. Por ahí podríamos comenzar.

Respecto a las adicciones y las conductas adictivas, sin duda representan uno de los principales problemas de salud pública de nuestro país.

Debemos ser protagonistas en la construcción de las políticas públicas al respecto. Indefectiblemente con una postura (en su mayor y amplio sentido) distinta a la actual implementada, sin dejar de tener presente que el Estado tiene “obligación de medios” de actuar y que lo debe hacer no de cualquier manera, sino de la mejor manera.

Sus fundamentos deben ser el compromiso con la salud pública y la salud social, con políticas a largo plazo que posibiliten la movilidad y el ascenso social, así como la igualdad de oportunidades para acceder a la salud, la justicia y la educación.

Para ello los tres poderes deben trabajar sinérgicamente, sancionar los delitos vinculados al narcotráfico, Legislar y aprobar Leyes acordes y conducir una verdadera política de Estado que tenga en cuenta la educación, la prevención y la asistencia de quienes sufren por el consumo de sustancias psicoactivas.

Eso sería mucho más que la mera y descontextualizada reducción de daños que se pregona.       

*Médico especialista universitario en psiquiatría, psicología médica y medicina legal. Maestrando prevención y asistencia de la droga dependencia. Drug demand reduction profesional ISSUP. Vocal del capítulo de políticas públicas AAP