Caja chica, infierno grande - por Pablo Ferro

Por Pablo Ferro

No nos cansaremos de repetirlo: Santa Cruz conserva las formas institucionales de una provincia, pero continúa funcionando económica y políticamente como un territorio nacional: depende de los recursos, las decisiones y los auxilios extraordinarios del poder central.

Sin desarrollo autónomo, sin una conducción nacional que ordene al peronismo y con la sucesión provincial anticipada, las facciones disputan municipios, Justicia y candidaturas mientras los servicios públicos se degradan.

Santa Cruz es, como hipótesis política, un territorio nacional que se autopercibe provincia.

La afirmación puede resultar provocadora, pero permite comprender buena parte de su historia y de su crisis actual. La provincialización otorgó autonomía institucional, Constitución, Legislatura, Poder Judicial y autoridades propias. Sin embargo, esa autonomía formal nunca terminó de traducirse en una verdadera autonomía económica, productiva y financiera.

La provincia posee petróleo, gas, minería, pesca, turismo y una de las mayores extensiones territoriales del país. Pero la existencia de recursos naturales no equivale necesariamente a desarrollo. Santa Cruz no logró consolidar una economía diversificada, cadenas de valor propias, un empresariado local suficientemente robusto ni una estructura fiscal capaz de sostener por sí misma el funcionamiento de su Estado.

Su economía continúa dependiendo de actividades extractivas, decisiones empresariales tomadas fuera del territorio, transferencias federales, obra pública nacional, adelantos de coparticipación y asistencia extraordinaria de la Nación. Exporta riqueza, pero importa capacidad financiera y política para administrar sus crisis.

En ese sentido, Santa Cruz nunca dejó completamente atrás la lógica del territorio nacional: una periferia administrada mediante recursos enviados desde el centro, más que una comunidad política capaz de generar las condiciones materiales de su propia autonomía.

Los distintos gobiernos provinciales administraron ingresos extraordinarios, regalías, transferencias y ciclos de expansión del gasto público, pero no construyeron un modelo de desarrollo que permitiera independizar la estabilidad provincial de la voluntad de la Casa Rosada. La política distribuyó recursos; no transformó la estructura económica. Amplió el empleo estatal, pero no produjo una base privada capaz de sostenerlo. Financió consumo, contratos y obra pública, pero no logró convertir la renta extractiva en autonomía duradera.

Por eso, cuando la Nación abre la canilla, Santa Cruz aparenta prosperidad. Cuando la cierra, la provincia descubre que su autonomía era, en buena medida, presupuestaria y prestada.

En Santa Cruz, cuando la caja se achica, el infierno se agranda.

Durante décadas, la abundancia relativa de recursos permitió ocultar las diferencias políticas, disciplinar dirigentes y postergar discusiones. La conducción no necesitaba convencer: distribuía. La unidad no era doctrinaria sino presupuestaria. Gobernadores, intendentes, legisladores, sindicatos y funcionarios encontraban su lugar dentro de un sistema vertical sostenido por transferencias, contratos, empleos públicos y obra pública.

Ese sistema ya no existe. O, al menos, no dispone del dinero suficiente para seguir funcionando como antes.

Sin una línea nacional clara, con el peronismo enfrentado por su conducción y sin una caja capaz de ordenar voluntades, el justicialismo santacruceño tiende a la entropía. Las agrupaciones se multiplican, los acuerdos duran lo que dura una necesidad y cada intendente comienza a comportarse como jefe de su propio territorio.

La crisis actual no es, entonces, únicamente financiera ni administrativa. Es la crisis de una provincia que nunca terminó de construir las bases materiales de su autonomía y de un sistema político que confundió durante demasiado tiempo la disponibilidad de fondos con la existencia de poder.

Cuando ya no hay conducción nacional peronista, cuando la caja provincial no alcanza y cuando la Nación sólo ofrece ayuda bajo sus propias y razonables condiciones, queda expuesta la fragilidad del modelo: Santa Cruz posee instituciones provinciales, pero continúa dependiendo del Gobierno nacional para sobrevivir como Estado.