YPF en Nueva York: el fallo que redefine los límites entre contrato, soberanía y poder

Por Pablo Ferro

La reciente decisión de la United States Court of Appeals for the Second Circuit introduce un punto de inflexión en uno de los litigios más sensibles de las últimas décadas para la República Argentina.

En un pronunciamiento que combina técnica jurídica y alto impacto económico, el tribunal dejó sin efecto el núcleo de la condena que obligaba al país a pagar más de 16.000 millones de dólares por la expropiación del 51% de YPF S.A., ocurrida en 2012.

El caso, impulsado por accionistas minoritarios, se estructuró sobre una premisa aparentemente sólida: que el Estado argentino, al tomar el control de la compañía, incumplió los estatutos societarios que exigían una oferta pública de adquisición (OPA) dirigida al resto de los accionistas.

Ese incumplimiento —argumentaban— debía traducirse en una responsabilidad contractual indemnizable. La justicia de primera instancia en Nueva York había convalidado esa interpretación, construyendo una sentencia histórica por su magnitud. La Cámara, sin embargo, desmontó ese razonamiento desde sus cimientos.

El eje del fallo radica en una distinción conceptual de enorme relevancia: los estatutos de una sociedad no constituyen, en sentido estricto, un contrato bilateral entre accionistas.

No hay allí un intercambio de prestaciones recíprocas -como exige la teoría clásica del contrato- sino un marco normativo organizacional que regula el funcionamiento interno de la compañía. En términos más precisos, el tribunal caracterizó a los estatutos como un “contrato plurilateral organizativo”, lo que impide derivar de ellos obligaciones individuales exigibles entre socios bajo la lógica del derecho privado.

Esta conclusión no es meramente técnica: tiene consecuencias directas sobre la posibilidad misma de reclamar daños. Si no existe una obligación contractual bilateral, no puede haber incumplimiento en sentido jurídico estricto, ni -por ende- responsabilidad resarcitoria en los términos pretendidos por los demandantes.

Así, el tribunal sostuvo que los reclamos por daños basados en el supuesto incumplimiento de la OPA “no son cognoscibles” bajo el derecho argentino aplicable al caso.

Pero el argumento central no se agota allí. Aun en el hipotético supuesto de admitir la existencia de una obligación contractual, la Cámara introduce un segundo fundamento de mayor densidad: la primacía del derecho público de expropiación.

La toma de control de YPF no fue un acto comercial ordinario, sino una decisión soberana instrumentada a través de una ley del Congreso argentino. En ese marco, rige un régimen jurídico específico -la ley de expropiaciones- que establece tanto las condiciones de validez del acto como el único mecanismo de compensación posible: la indemnización por el valor del bien expropiado.

Desde esta perspectiva, cualquier intento de reconducir la controversia hacia el terreno del derecho contractual aparece jurídicamente improcedente. El propio sistema argentino dispone que los derechos de terceros se trasladan al precio de la expropiación y no pueden interferir en el proceso expropiatorio.

En otras palabras, el régimen especial desplaza al régimen general. La Cámara lo expresa con claridad: no es posible escindir la supuesta obligación de OPA del acto soberano que la desencadena, ni convertir ese acto en fuente de responsabilidad privada.

El fallo también confirma el rechazo de otros planteos -como el promissory estoppel- y exime de responsabilidad a la propia YPF, al considerar que la empresa no tenía una obligación jurídica de hacer cumplir las disposiciones estatutarias frente al Estado.

Al mismo tiempo, evita pronunciarse sobre cuestiones procesales sensibles, como la competencia de los tribunales estadounidenses o la conveniencia del foro, resolviendo el caso directamente sobre la base del derecho sustantivo argentino.

Hasta aquí, el análisis jurídico. Pero reducir este fallo a una discusión dogmática sería incompleto. La decisión también puede leerse -y probablemente deba leerse- en clave de relaciones internacionales y de inserción periférica, en el sentido desarrollado por el realismo periférico.

Desde esa perspectiva, los países como Argentina no operan en un vacío jurídico neutral, sino en un sistema internacional jerárquico, donde el poder -económico, político y geopolítico- condiciona las decisiones.

La litigación en tribunales extranjeros, especialmente en Estados Unidos, nunca es puramente técnica: se desenvuelve en un entramado donde confluyen intereses estatales, financieros y estratégicos.

En ese marco, no resulta descabellado interpretar que el resultado del caso no puede desligarse completamente del contexto político. La relación bilateral con Estados Unidos, y en particular los vínculos construidos durante la presidencia de Donald Trump, forman parte de ese telón de fondo.

Sin caer en simplificaciones conspirativas, el realismo periférico sugiere algo más sobrio pero igualmente relevante: las decisiones que afectan intereses de gran magnitud -como una condena equivalente a una porción significativa del presupuesto nacional argentino- difícilmente sean indiferentes al clima político y estratégico entre los Estados involucrados.

En términos concretos, el fallo evitó una transferencia potencial de más de 16.000 millones de dólares desde Argentina hacia actores financieros internacionales. Desde una lectura política, ello puede interpretarse como un resultado alineado con una lógica de preservación sistémica, donde ciertos equilibrios -económicos y geopolíticos- tienden a ser resguardados.

El realismo periférico, en definitiva, no afirma que la justicia sea irrelevante, sino que advierte que, en escenarios de alta magnitud, el derecho y el poder operan de manera entrelazada.

La clave no está en negar la validez de los argumentos jurídicos -que en este caso son sólidos-, sino en comprender que su eficacia práctica se inscribe en un campo más amplio de relaciones de fuerza.

Para la Argentina, la lección es doble. Por un lado, reafirma la importancia de estructurar sus decisiones estratégicas -incluidas las económicas- con robustez jurídica. Por otro, confirma que su inserción internacional sigue siendo un factor decisivo: en el mundo real, las sentencias no sólo se ganan en los expedientes, sino también en la arquitectura de vínculos que un país es capaz de construir.

El fallo de YPF, así leído, no sólo redefine los límites entre contrato y soberanía. También recuerda, con crudeza, que en la periferia del sistema internacional, el derecho nunca viaja solo.

(la imagen que acompaña este artículo es meramente ilustrativa y creada con IA)