Aniversario del Referéndum en Loncopué, Neuquén. Hito en la lucha contra la megaminería.

La votación fue contundente, en apoyo a la ordenanza 1054/12, que impide la explotación minera a gran escala dentro del área urbana.

El referéndum fue inédito, pues a diferencia de una votación similar que tuvo lugar en Esquel, en 2003, esta fue obligatoria y vinculante respecto a la actividad minera.

En 2008, luego de un contrato entre Corporación Minera del Neuquén, Sociedad del Estado Provincial (Cormine S.E.P.) y la compañía china Emprendimientos Mineros SA para instalar una mina que posibilite la extracción de cobre, los habitantes de Loncopué vieron alterada su rutina y las denuncias por contaminación comenzaron a vislumbrarse. En ese momento decidieron organizarse y accionar judicialmente reclamando la nulidad de ese contrato, dado que no respetaba los derechos de los Pueblos Originarios.

Fue en septiembre de 2009 cuando el máximo tribunal de Neuquén hizo lugar a la medida cautelar y suspendió toda acción hasta que se resuelva la cuestión legal. Finalmente, el Superior Tribunal dejó constancia de que el avance minero había omitido el derecho de consulta a la Comunidad Indígena. Sin embargo el gobierno provincial apeló varias veces la decisión mediante recursos extraordinarios y, en marzo de 2011, el Superior Tribunal volvió a fallar en su contra, mencionando la obligación de respetar el derecho de los Pueblos Originarios.

Los vecinos, en tanto, presentaron un anteproyecto de ordenanza para prohibir la actividad, logrando que el Concejo Deliberante convoque a un referéndum para octubre de 2011. No obstante, el intendente dejó vencer los plazos y no llamó a votación. Fue en diciembre de 2011, con nuevas autoridades recién asumidas, cuando los concejales aceptaron llamar a un nuevo referéndum, pese a las presentaciones de rechazo por parte de la Cormine S.E.P. al Superior Tribunal. Aun así el máximo tribunal confirmó que el referéndum era legítimo y que estaba sujeto a derecho.

Con el resultado del referéndum (2125 a favor y 318 en contra) marcaron un precedente sobre la aceptación o el rechazo de la megaminería en la Argentina.