Vencedores vencidos

Durante décadas se trabajó para mantener el status quo de península de Magallanes. La “excepcionalidad” de un Decreto que abre las puertas a la discrecionalidad de quien maneja la lapicera.

“No se puede pisar una bomba por mucho tiempo, tarde o temprano va a explotar” reflexionaba un dirigente político local con años de ejercicio en la función pública.

Y finalmente, la bomba explotó.

Tan sorpresivamente que esta vez las reacciones surgieron ante un hecho consumado y no como a lo largo de décadas, para oponerse a proyectos de planificación.

El Decreto de Claudio Vidal cayó como un balde de agua fría entre los actores sociales e institucionales que llevaban una vida trabajando sobre el tema, pero lo que es peor aún en este cachetazo que no se vio venir es el atronador silencio de otros que subliminalmente “hablan” por boca de sus espadachines o que tenían intereses en el área y ven como se escurre la oportunidad como agua entre los dedos.

Península de Magallanes ha sido una lucha ecológica pero con un trasfondo económico que no se puede minimizar.

Que el área protegida se mantuviera pristina era una garantía para que el desarrollo y crecimiento de las actividades turísticas tuvieran como base la localidad de El Calafate y así fue durante años, en los que tanto el estudio de factibilidad de un camino como un Plan de Manejo impulsado por el entonces gobernador Néstor Kirchner quedaran cajoneados, no había consenso en la localidad para infraestructura en la zona.

Posteriormente llegaron los andorranos y su propuesta de pista de esquí que sin alojamiento no tenía razón de ser, otro rechazo y el premio consuelo del Parque de nieve que poco a poco se desvaneció.

Acto seguido fueron empresarios locales los que ya con un pie en el Parque Nacional y con una visión localista (que nos van a enseñar los andorranos si podemos hacerlo nosotros) comenzaron a mover los hilos, nuevos debates en la comunidad, y otro freno al impulso.

Todas las opciones planteaban la necesidad de expropiar las tierras de sus legítimos dueños dejándolos afuera del negocio, algo sobre lo cual escribimos en estas mismas páginas, preguntándonos por qué excluirlos y no asociarlos en caso que el plan se llevara a cabo.

Cambiaron los vientos con un gobierno nacional que manifiesta a viva voz su intención de multiplicar las actividades en los Parques Nacionales y “terminar con los monopolios” y un mandatario provincial que de buenas a primeras (para nosotros, los sorprendidos) firma una excepción y transforma en permitido lo prohibido.

Metieron un elefante en un bazar sin que nos diéramos cuenta. Nosotros, ya que si se sigue el hilo de este proyecto se puede entender que todo fue absolutamente planificado entre gallos y medianoche con una cronología de acciones que iban a desencadenar este final.

Entre las voces que se alzan, como es habitual, hay intereses conservacionistas absolutamente genuinos como los que pudieron impulsar en su momento a Calafate Natural, pero los habrá también, a viva voz o en silencio, que intenten desarticular la propuesta tan solo porque quedaron afuera del negocio.

Al cierre de esta edición la legislatura provincial solicitaba el acceso al proyecto y toda la documentación obrante al respecto, veremos con el tiempo cómo evoluciona la situación.

Lo verdaderamente preocupante es que se haya actuado a espaldas de la sociedad y se deje sentado un peligroso precedente de excepcionalidad que podría movilizar a otros propietarios en busca del mismo beneficio… ¿Por qué unos sí y otros no? ¿Qué costo tiene y tendrá esa exclusividad?

Esta historia seguramente, continuará.

Fernando Goyanes

(imagen ilustrativa generada con IA)