¿Pueden las movilizaciones ciudadanas revertir una sentencia judicial?

¿Pueden las movilizaciones ciudadanas revertir una sentencia judicial?

Las calles y plazas visibilizan, los medios amplifican, pero la batalla final se debe dar en el expediente y estrados judiciales.

 

Sería aventurado analizar periodísticamente lo sucedido en el reciente juicio a Juan Pablo Margonari sin haber tenido acceso al expediente ni la sentencia para dilucidar si el fallo fue justo o no.

Sí se puede considerar el llamativo accionar de padres y miembros de la comunidad educativa que pese a todo, confían en la inocencia del docente y lo gritan a viva voz.

¿No resulta extraño que mayoritariamente las familias con hijos en el mismo curso se pongan del lado del denunciado y no del denunciante? ¿Qué no exista condena social como ha sucedido en otros casos? Excepciones que confirman la regla.

Desde el inicio estos padres apoyaron a Margonari de múltiples formas: dinero para su defensa, concurrieron casi a diario a la cárcel cuando estuvo detenido, tanto que en sede policial espaciaron los días y horarios de visita para reducir ese tránsito, una vez excarcelado a la espera del juicio lo contrataron para darle clases de inglés a sus hijos, el día que se difundió la sentencia estuvieron junto a él y ahora marchan para pedir su libertad.

¿Por qué pese a que recibió una condena en primera instancia actúan de esa manera?

Vale la pena enumerar algunos motivos: afirman que las estructuras edilicias y las reglamentaciones internas no podrían haber propiciado dentro de la escuela una situación como la que se detalla en la causa, porque ofrecieron a sus propios hijos a los que se mencionaban presentes en el lugar de los hechos para que se les realicen cámaras gesell y  dieron negativas, porque el trabajo en el aula mediante parejas pedagógicas y auxiliares no habrían posibilitado un suceso de esas características, y porque su condición sexual no lo convierte automáticamente en un depredador.

Estos y varios aspectos más fueron planteados durante el juicio por los testigos convocados a declarar.

¿Por qué entonces el Tribunal falló su culpabilidad? ¿Qué dice el expediente? ¿Por qué no se pudo revertir la situación y Juan Pablo fue condenado en primera instancia?

Más allá de las connotaciones homofóbicas o políticas que se expresan en la calle y los medios, es el expediente donde se vuelcan los argumentos de las partes y el terreno en que se dirimen las causas judiciales, allí solo valen los argumentos desde el punto de vista legal o al menos, así debería ser.

Es indudable que en la apelación los defensores deberán revisar cada detalle de lo actuado, encontrar las falencias que se pudieran haber registrado en el proceso, hacer valer aquello que le pueda ser de utilidad a su defendido, pruebas o indicios que no fueron tenidos en cuenta y contraponer a cada párrafo de la sentencia las objeciones pertinentes desde lo legal.

Las leyes son el andamiaje en el cual se sostienen las causas, sirven para liberar o encarcelar a las personas, pero su interpretación y aplicación están en manos de seres humanos que pueden acertar o equivocarse, ya sea de buena o mala fe.

Aún quedan instancias para demostrar que Juan Pablo Margonari es inocente como en cada marcha y movilización se afirma, pero esa batalla habrá que darla en la Justicia, si existen manipulaciones en el expediente mostrarlas, corroborar con documentación aquello que se sostiene con la palabra.

Hasta que no exista sentencia firme hay posibilidades, accionar de manera eficiente y con rigor legal ayudará a cumplir el propósito que estas familias y la del docente reclaman.

 

Fernando Goyanes